Eje estructural ambiental y climático

Esta temática pone en el centro la defensa de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas originarios campesinos (PIOC), con énfasis en el acceso y control sobre la tierra y el territorio, pilares fundamentales para su identidad, cultura y supervivencia, así como en la consulta previa, libre e informada. Las comunidades indígenas enfrentan múltiples amenazas que vulneran su derecho a una vida digna, como la contaminación minera, los incendios forestales, el avance del extractivismo, y la ocupación ilegal de sus territorios. Estas problemáticas no solo comprometen su salud y medios de vida, sino también afectan ecosistemas esenciales que sostienen la biodiversidad y la calidad ambiental del país.

Finalmente, la defensa de los derechos de los pueblos indígenas no es solo una cuestión de justicia social, sino también una condición esencial para garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas, el respeto a la diversidad cultural y la construcción de un modelo de desarrollo que ponga la vida en el centro. La participación plena —incluyendo la de las nuevas generaciones— en estos procesos, es indispensable para la consolidación de una democracia ambientalmente justa y con equidad territorial.

• La justicia indígena, el ejercicio efectivo de sus autonomías y la participación activa en la formulación e implementación de políticas públicas ambientales son fundamentales para revertir las desigualdades estructurales y avanzar hacia una gobernanza intercultural. Esta gobernanza debe reconocer las cosmovisiones indígenas, su conocimiento integral y tradicional sobre la tierra, el agua y los recursos genéticos, y garantizar el cumplimiento de sus derechos tanto en contextos rurales como urbanos.

• En un escenario marcado por la crisis climática y la migración forzada por causas ambientales —como la deforestación y la degradación de los territorios—, muchas familias indígenas se ven desplazadas hacia las ciudades, donde enfrentan condiciones de vida precarias, acceso limitado a servicios básicos y exclusión institucional. Esto refuerza la necesidad urgente de políticas públicas integrales que reconozcan y garanticen sus derechos en todos los territorios que habitan.

• Esta temática también revela el rol del Estado en la protección y gestión sustentable de los recursos naturales, en el marco del Estado de Derecho y con una participación social efectiva. Sin embargo, se observan serias debilidades que comprometen este rol: El debilitamiento de la planificación territorial y de la gestión ambiental (GA).
  Asimismo, se requiere avanzar en el reconocimiento y la reparación de los impactos provocados por actividades extractivas, incendios y otras formas de violencia territorial. Esto incluye procesos de resarcimiento, restauración ambiental y reconocimiento de derechos territoriales, frente a una creciente ola de atropellos y despojo.
• Finalmente, la defensa de los derechos de los pueblos indígenas no es solo una cuestión de justicia social, sino también una condición esencial para garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas, el respeto a la diversidad cultural y la construcción de un modelo de desarrollo que ponga la vida en el centro. La participación plena —incluyendo la de las nuevas generaciones— en estos procesos, es indispensable para la consolidación de una democracia ambientalmente justa y con equidad territorial.

La biodiversidad —entendida como la variedad de ecosistemas, especies y recursos genéticos— es fundamental para sostener la vida en el planeta. Constituye la base de la seguridad alimentaria, la salud pública, la resiliencia frente a la crisis climática y el derecho humano a un ambiente sano y equilibrado. Sin embargo, su deterioro avanza de manera acelerada y muchas veces silenciosa, sin que exista una respuesta institucional proporcional a la gravedad del problema. La pérdida de biodiversidad no solo afecta a la naturaleza, sino que tiene consecuencias directas sobre el bienestar social, la provisión de servicios ambientales, la economía rural, y los sistemas culturales y espirituales de numerosas comunidades.

A pesar de su importancia, el valor de la biodiversidad sigue siendo subestimado en las políticas públicas y se está bordeando peligrosamente su cuantificación mercantil y la de sus componentes. La ausencia de una gestión adecuada de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos, la expansión de actividades extractivas, la contaminación, la deforestación y el avance de los transgénicos han contribuido al debilitamiento de la agrobiodiversidad y a una creciente vulnerabilidad de los sistemas alimentarios locales. La degradación ambiental —entendida como el deterioro progresivo de los ecosistemas, la pérdida de funciones ecológicas, y la disminución de la calidad del aire, el agua y los suelos— afecta tanto a las comunidades humanas como a las demás formas de vida.

El tráfico de especies silvestres, la pérdida de agrobiodiversidad, y el debilitamiento de las prácticas agrícolas tradicionales son síntomas de una crisis sistémica. Frente a ello, se requiere una transformación estructural que priorice la conservación con enfoque territorial e intergeneracional, y que articule el conocimiento científico con el saber indígena y campesino.

Es necesario revisar críticamente el modelo de desarrollo que ha favorecido el extractivismo en detrimento de la biodiversidad y los derechos de la Naturaleza, frecuentemente consagrados en la normativa nacional pero poco implementados en la práctica.

Para enfrentar esta crisis, se vuelve clave promover una educación ambiental integral, fortalecer la participación social —especialmente de jóvenes, mujeres e indígenas— y garantizar los derechos de acceso a información, la participación y la justicia en temas ambientales, como la conservación de la biodiversidad, impactos ambientales y planificación territorial. La pérdida de diversidad biológica no es solo un problema ecológico: es una amenaza multidimensional que exige decisiones colectivas, éticas y urgentes para garantizar el bienestar presente y futuro.

El agua es un bien común y un derecho humano fundamental, esencial para la vida, la salud, la seguridad alimentaria, la producción agrícola y ganadera, y la sostenibilidad de los ecosistemas. Sin embargo, en Bolivia, las fuentes hídricas enfrentan un deterioro creciente debido a múltiples factores interrelacionados, que afectan tanto al campo como a las ciudades. La crisis del agua ya no es una amenaza futura: es una realidad que impacta con mayor severidad a las poblaciones más vulnerables.

• Son muchas las comunidades y regiones del país en las que, la contaminación de ríos y vertientes por mercurio, plomo, cadmio y otros, como resultado de las actividades mineras, representa una amenaza crítica a los medios de vida, a la salud pública y al equilibrio de los ecosistemas. A ello se suman los impactos de la deforestación, la desviación de cursos de agua, el mal manejo de residuos sólidos, la baja cobertura de sistemas de alcantarillado y el escaso tratamiento de aguas residuales, especialmente en zonas urbanas e industriales.

• Además, la intensificación de fenómenos asociados a la crisis climática —como sequías prolongadas, reducción del caudal de fuentes de agua y alteraciones en los ciclos de lluvia— ha agravado la inseguridad hídrica en varias regiones del país. Esta situación genera conflictos sociales, afecta la producción de alimentos, y pone en riesgo el abastecimiento tanto rural como urbano. 
• Pese a la magnitud del problema, el país carece de un marco normativo articulado que garantice la gestión integral, equitativa y sostenible del agua. La ausencia de una normativa [Ley Marco del Agua] que ordene el uso, la protección, y el acceso al recurso hídrico impide avanzar hacia una gobernanza eficiente y justa. Esta falta de regulación agrava las disputas entre sectores —agrícolas, urbanos, mineros e industriales—, y deja sin protección efectiva a las fuentes de agua y a las comunidades humanas, y otras que dependen de ellas.

Frente a estas amenazas, es urgente adoptar medidas estructurales que incluyan:

• La aprobación de un marco legal integral para la gestión del agua.
• El control riguroso de actividades contaminantes, en particular la minería y el agronegocio.     
• El fortalecimiento de la gestión ambiental urbana, con enfoque en residuos sólidos y saneamiento básico.
• La promoción de una cultura del agua, que forme conciencia en las escuelas, comunidades y gobiernos locales sobre el uso responsable y solidario del recurso y el enfoque de agua para la vida.     
• La inclusión activa de las poblaciones indígenas, campesinas y urbanas en los procesos de planificación y gestión hídrica, desde un enfoque de derechos y equidad.
• El agua no puede seguir siendo tratada como un recurso ilimitado o una mercancía. Su deterioro afecta directamente la salud planetaria, los derechos humanos y la paz social.

Garantizar su protección es una prioridad ineludible para cualquier proyecto de desarrollo sustentable, equitativo y resiliente ante la crisis climática.

La crisis climática representa uno de los mayores desafíos de nuestra era, con impactos que ya se sienten en todo el territorio: las inundaciones y sequías prolongadas están provocando la alteración de los ciclos agrícolas, pérdida de biodiversidad y aumento de enfermedades relacionadas con el clima. Esta realidad exige políticas de adaptación y mitigación, pero fundamentalmente, una transformación profunda del modelo energético que impulsa gran parte de estas crisis.

• La actual matriz energética basada en hidrocarburos no solo contribuye significativamente a las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también genera enormes costos fiscales a través de subsidios insostenibles, profundiza el extractivismo y mantiene una dependencia económica y tecnológica que limita la soberanía energética. Frente a esto, se vuelve urgente avanzar hacia una transición energética justa, que sustituya progresivamente el uso de combustibles fósiles por fuentes limpias, renovables y descentralizadas.

• Asimismo, la crisis climática agrava procesos como la desertificación, la migración climática, la inseguridad alimentaria y los riesgos ante desastres naturales. Por ello, es imprescindible implementar una gestión integral de riesgos, así como políticas de adaptación climática basadas en el conocimiento local y científico, con enfoque interseccional y de justicia climática.

En resumen, esta temática aborda dimensiones estructurales que son clave para la sostenibilidad del país:

• El abandono progresivo de los hidrocarburos y el impulso de energías renovables con soberanía tecnológica.
• El cuestionamiento a las grandes inversiones extractivas que ponen en riesgo los ecosistemas y los derechos colectivos.
• El fortalecimiento de la gestión ambiental y climática con justicia social, participación comunitaria y equidad territorial.
• La creación de políticas coherentes que integren mitigación, adaptación y transición energética dentro de una visión de desarrollo sustentable.

No se trata únicamente de cambiar las fuentes de energía, sino de cambiar el modelo de desarrollo y su relación con la naturaleza, la economía y los derechos humanos.

La crisis ambiental urbana afecta de manera directa a más del 70% de la población boliviana, especialmente en zonas periurbanas, asentamientos informales y municipios intermedios. El crecimiento descontrolado de la mancha urbana, la falta de planificación territorial y la débil provisión de los servicios ambientales básicos, están generando impactos severos sobre la salud pública, la calidad de vida y el equilibrio ecológico en las ciudades.

• La gestión inadecuada de residuos sólidos, junto con la insuficiencia de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, ha derivado en focos de contaminación persistente en ríos, suelos y áreas verdes urbanas.
• Esta problemática se agrava por la pérdida sostenida de áreas verdes, la baja cobertura vegetal y la inexistencia de estrategias efectivas de restauración ecológica urbana. La consecuencia es una reducción de la biodiversidad local y el deterioro de la calidad del aire, con efectos directos en el incremento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares.
• Además, el uso desigual del suelo urbano, marcado por la especulación, el usufructo privado de tierras sin regulación adecuada y la ocupación de zonas de riesgo, contribuye a la expansión urbana fragmentada y socialmente excluyente. Esta situación genera mayores niveles de vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos extremos y limita el acceso a servicios básicos de las poblaciones más empobrecidas.

Los déficits en la gestión de la calidad ambiental urbana se expresan en tres dimensiones críticas:

• La limitada cobertura de alcantarillado y el deficiente tratamiento de aguas residuales.
• La gestión precaria de los residuos sólidos, desde la recolección hasta la disposición final.
• La escasa vigilancia y regulación sobre la contaminación atmosférica generada por el sector transporte, industrias y quema de basura.

Frente a esta realidad, se vuelve urgente:

• Promover la educación ambiental desde un enfoque comunitario y escolar.
• Impulsar políticas públicas orientadas al reciclaje, la economía circular y la infraestructura verde.
• Recuperar espacios urbanos como corredores ecológicos que conecten parques, riberas, áreas forestadas y zonas verdes periurbanas, mejorando la resiliencia climática y la calidad de vida.

La magnitud de los desafíos urbanos requiere de respuestas integradas y participativas, que articulen a los gobiernos locales, colectivos ciudadanos, comunidades barriales, técnicos y académicos. Solo así se podrá construir una gobernanza ambiental urbana capaz de enfrentar las múltiples dimensiones de esta crisis, con justicia territorial, sostenibilidad y equidad social locales, colectivos ciudadanos, comunidades barriales, técnicos y académicos. Solo así se podrá construir una gobernanza ambiental urbana capaz de enfrentar las múltiples dimensiones de esta crisis, con justicia territorial, sostenibilidad y equidad social.

Los bosques son ecosistemas fundamentales para la vida, el clima, los ciclos hídricos y la soberanía alimentaria. Sin embargo, en Bolivia enfrentan una crisis sostenida por efecto de la expansión descontrolada de la frontera agrícola que está destruyendo millones de hectáreas cada año a través de incendios forestales y deforestación masiva. Lejos de ser hechos excepcionales, los incendios se han convertido en una catástrofe recurrente. Solo en 2024, el país registró más de 12 millones de hectáreas afectadas por el fuego, una cifra alarmante que se repite con patrones similares año tras año, dejando un saldo devastador para la biodiversidad, la salud humana y los medios de vida rurales.

Esta crisis tiene causas relacionadas con la débil gestión pública, la falta de prevención, y la permisividad frente a la deforestación y quema propiciada por el extractivismo que promueve la destrucción del bosque para satisfacer demandas externas de soya, carne u otros, como es el caso de los biocombustibles que, lejos de representar una transición energética sustentable, fomentan la conversión de bosques en monocultivos, acelerando la pérdida de ecosistemas estratégicos.

Para el país los efectos de los incendios y la deforestación son múltiples: pérdida de cobertura vegetal, disminución/desaparición de la flora y fauna, perturbación de ciclos climáticos e hídricos, afectación a fuentes de agua, disminución de la productividad agrícola y riesgo para la seguridad alimentaria, deterioro de la calidad del aire, desplazamiento de fauna silvestre y migración forzada de poblaciones humanas, pérdida de medios de vida, incremento de la vulnerabilidad ante fenómenos del cambio climático, socavamiento de prácticas tradicionales, entre otros.

Frente a este escenario, es urgente implementar una pausa ecológica mientras se logra:

• Una política de bosques firme, transparente y participativa, que entienda al bosque y otros sistemas de vida como un bien común estratégico, no como una mercancía ni como un obstáculo al desarrollo, que coloque a los ecosistemas en el centro de la agenda nacional, con decisiones estructurales, justicia ambiental y voluntad política sostenida.
• Reforzar los sistemas de prevención, control y sanción ante incendios , con capacidades reales de respuesta y vigilancia.
• Evitar un cambio de uso definitivo y realizar acciones basadas en el diálogo entre los conocimientos ancestrales y la ciencia para lograr la reconstitución de los bosques.
• Equipar brigadas locales, fortalecer la educación ambiental intercultural y promover el manejo sostenible de los bosques y otros medios de vida.
• Generar alternativas productivas sostenibles, que reduzcan la presión sobre el bosque y aseguren medios de vida dignos.

Analizar y evaluar críticamente mecanismos como la venta de bonos de carbono para evitar falsas soluciones, sin efectos concretos sobre la reducción de la deforestación ni beneficios reales para las comunidades locales.

La minería, especialmente la del oro, se ha convertido en una de las principales fuentes de contaminación ambiental, destrucción de cursos de agua, vulneración de derechos y conflictos sociales en Bolivia. El uso extensivo de mercurio y otros metales peligrosos ha generado un impacto alarmante sobre la salud pública, afectando no solo a comunidades indígenas y campesinas, sino también a poblaciones urbanas cercanas a las zonas de explotación.

Esta actividad, intensificada por la ausencia de una regulación efectiva, contribuye de manera directa a la deforestación acelerada, la contaminación de ríos, la pérdida de biodiversidad, especialmente en ecosistemas estratégicos como los del norte amazónico y los Yungas, y la perdida de medios de vida en cuencas enteras.

Además, el país enfrenta su futuro apostando por más proyectos extractivista, con nuevos megaproyectos asociados a la extracción de litio y otros minerales estratégicos. Aunque se promueven en nombre del desarrollo, industrialización o la transición energética, estos emprendimientos suelen replicar lógicas extractivistas convencionales: sin consulta previa, sin participación comunitaria y con impactos ambientales irreversibles, que convierten partes del territorio en zonas de sacrificio ambiental.

Frente a este modelo, se hace urgente:

• Construir y fortalecer territorios libres de minería, entendidos como espacios donde las comunidades, en ejercicio de sus derechos colectivos, deciden no permitir actividades extractivas que amenacen su salud, su cultura y sus ecosistemas. Estas iniciativas no son solo actos de resistencia, sino propuestas de vida que apuntan a proteger fuentes de agua, bosques, suelos y biodiversidad frente al avance descontrolado del extractivismo. Al mismo tiempo, se debe promover el reconocimiento efectivo de los derechos de la Naturaleza, para que los ecosistemas dejen de ser tratados como meros recursos explotables y pasen a ser sujetos de derechos, con capacidad jurídica para exigir su protección, restauración y respeto.

• En este marco, las verdaderas alternativas al extractivismo no se limitan a cambiar una tecnología por otra, sino que exigen transformar la lógica de desarrollo, apostando por economías territoriales sostenibles, regenerativas y solidarias, con criterios de justicia intergeneracional y respeto por los límites ecológicos.
• Esto incluye el impulso a la agroecología, el turismo comunitario responsable, la bioeconomía local, el respecto de los territorios indígenas y el reconocimiento del rol estratégico de los saberes indígenas y campesinos en la gestión de los bienes comunes, como son las áreas protegidas. En lugar de más dependencia de megaproyectos mineros, Bolivia necesita fortalecer procesos de autodeterminación territorial, justicia ambiental y transición post-extractiva, donde el horizonte no sea el crecimiento ilimitado, sino la sustentabilidad con equidad y dignidad.