Realidades y cuestionamiento frente a las Elecciones Generales 2025
La economía boliviana atraviesa un período de deterioro estructural marcado por la dependencia del modelo extractivista, el agotamiento de los ingresos por hidrocarburos y un persistente déficit fiscal. A pesar de múltiples planes orientados a transformar la matriz productiva, el país sigue atado a la exportación de materias primas como el gas natural, el oro y los minerales, lo cual lo hace extremadamente vulnerable a la volatilidad de los precios internacionales. Esta situación se ve agravada por la falta de diversificación, la alta informalidad laboral que alcanza al 85% de los trabajadores, y una débil industrialización que limita la generación de empleo formal y sostenible. La expansión del gasto público, sostenida en el pasado por ingresos excepcionales, ha devenido insostenible, generando un déficit fiscal persistente del 10% del PIB, cubierto cada vez más por deuda interna a través del Banco Central, lo que erosiona la independencia monetaria y presiona sobre la inflación.
Paralelamente, el país enfrenta una aguda escasez de divisas y una crisis energética que debilita su capacidad productiva y fiscal. Las Reservas Internacionales Netas han caído dramáticamente desde 2015, y aunque han mostrado una leve recuperación en 2025, se debe a factores externos como el precio del oro, no a mejoras estructurales. La brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo refleja una creciente pérdida de confianza en la moneda nacional, alimentando la inflación que ya supera el 15% anual. La crisis energética —con una caída del 55% en la producción de gas natural y del 62% en hidrocarburos líquidos— ha obligado al país a importar la mayor parte de sus combustibles, con altísimos costos fiscales. En este contexto, el modelo económico boliviano muestra señales claras de agotamiento, demandando reformas urgentes que promuevan la diversificación productiva, fortalezcan la sostenibilidad fiscal y restauren la confianza en la política económica.
Ante este diagnóstico, identificamos las siguientes temáticas y datos clave para entenderlas:
1. Modelo Económico y patrón de desarrollo
A pesar de diversos planes gubernamentales orientados a transformar la matriz productiva, la economía boliviana continúa dependiendo en gran medida de la exportación de materias primas, especialmente hidrocarburos y minerales, con escaso procesamiento industrial.
En los últimos 19 años, aproximadamente el 35% de los ingresos del gobierno central y de los gobiernos subnacionales provinieron del sector de hidrocarburos. En 2014, la renta petrolera alcanzó su punto máximo con 5.777 millones de dólares, representando el 47% de los ingresos totales de ese año. Sin embargo, desde 2015, se ha observado una disminución significativa en la producción y exportación de gas natural y minerales, lo que ha generado una caída en los ingresos y un déficit fiscal creciente.
En cuanto a las exportaciones, en 2014, Bolivia exportó gas natural por un valor de 6.030 millones de dólares, oro por 1.370 millones y minerales de zinc por 994 millones. Estos tres productos representaron más del 65% del total de las exportaciones del país, evidenciando la alta concentración en productos primarios.
Esta dependencia de los ingresos provenientes de recursos naturales hace que la economía boliviana sea vulnerable tanto a las fluctuaciones de los precios internacionales de estas materias primas, como al nivel de producción de las mismas en el país. Tras el pico económico de 2014, vinculado a altos precios de hidrocarburos, Bolivia ha experimentado una desaceleración prolongada.
El modelo económico vigente, centrado en promover la demanda interna a través de la expansión del gasto público, presenta limitaciones debido a la caída de los ingresos y la imposibilidad de expandir indefinidamente el gasto estatal. En los últimos años, el sector público ha registrado menores ingresos, pero con un alto nivel de gastos, lo que ha resultado en un déficit fiscal que tiende a profundizarse.
Además, la falta de diversificación económica y la limitada industrialización han impedido la creación de empleos formales y productivos. La alta informalidad laboral y la dependencia de actividades de subsistencia reflejan la necesidad urgente de políticas que fomenten la inversión en sectores con mayor valor agregado y que promuevan la formalización del empleo.
2. Déficit fiscal y endeudamiento.
En 2025 se cumplen 12 años consecutivos de un persistente déficit fiscal en Bolivia, que en los últimos años se ha mantenido alrededor del 10% del Producto Interno Bruto (PIB). Este déficit se explica en parte por el significativo aumento del gasto público que se consolidó durante y después del periodo de bonanza económica (2006–2014), sin un ajuste posterior acorde a la nueva realidad de ingresos. El gasto se expandió en sectores como inversión pública, salarios y funcionamiento estatal.
Durante los primeros años, este déficit fue cubierto principalmente con endeudamiento externo; sin embargo, en los últimos años —ante la disminución del acceso a financiamiento internacional y el encarecimiento de las condiciones crediticias— ha sido financiado cada vez más con deuda interna. En particular, el Tesoro General de la Nación (TGN) ha recurrido a préstamos del Banco Central de Bolivia (BCB), utilizando emisiones de bonos y mecanismos monetarios que han generado preocupación sobre el debilitamiento de la independencia de la política monetaria y su posible impacto inflacionario.
Otro factor estructural que agrava el déficit es la política de subvención a los hidrocarburos. Bolivia importa actualmente el 90% del diésel y el 70% de la gasolina que consume, lo que representa un costo fiscal enorme. Se estima que el monto destinado a estas subvenciones superó los $us 1.500 millones anuales en los últimos ejercicios, convirtiéndose en uno de los principales egresos del Estado. Esta política, lejos de ser progresiva, beneficia de manera desproporcionada a sectores de mayor consumo y no está focalizada en los grupos vulnerables.
3. Tipo de cambio y balanza de pagos.
En la actualidad, Bolivia sufre una marcada escasez de dólares debido a déficits externos persistentes, al mantenimiento de un tipo de cambio fijo (congelado desde 2011), y a la caída de sus exportaciones tradicionales, principalmente gas natural. Esta situación se ha agravado por la disminución de los ingresos por exportaciones —que representaban cerca del 50% de los ingresos públicos durante la bonanza—, así como por la pérdida de mercados estratégicos, como el brasileño, donde la demanda de gas natural ha sido cubierta progresivamente por otras fuentes más competitivas.
Las Reservas Internacionales Netas (RIN) del Banco Central de Bolivia han venido cayendo sostenidamente desde 2015, cuando superaban los $us 15.000 millones. A diciembre de 2023, estas se redujeron a apenas $us 1.709 millones, de los cuales la mayoría corresponde a oro, activo que la Asamblea Legislativa Plurinacional no ha autorizado monetizar. Aunque en abril de 2025 se reporta una leve recuperación a $us 2.618 millones, ello no responde a un mejor desempeño económico, sino al incremento del precio internacional del oro registrado en los últimos meses.
Con tan pocas divisas líquidas disponibles, el país ha sostenido un tipo de cambio oficial fijo de 6,96 bolivianos por dólar, pero se ha desarrollado un mercado paralelo donde la divisa estadounidense supera ampliamente ese valor. En mayo de 2025, el tipo de cambio paralelo se sitúa en aproximadamente Bs 16,5 por dólar, lo que refleja tanto la escasez real de divisas como una profunda pérdida de confianza de la población en la moneda nacional y en la sostenibilidad del régimen cambiario vigente. Esta brecha cambiaria no solo distorsiona el comercio y las decisiones económicas, sino que incentiva el contrabando, las operaciones especulativas y una dolarización informal creciente de la economía.
4. Crisis Energética.
Según el Balance Energético Nacional 2019–2023, publicado por el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, aproximadamente el 80% del consumo energético en Bolivia proviene de hidrocarburos, principalmente diésel, gas natural y gasolinas. Sin embargo, entre 2015 y 2025, la producción de gas natural ha registrado una caída del 55%, lo que ha reducido considerablemente los volúmenes exportables y, en consecuencia, ha generado una disminución en el ingreso de divisas y en la renta petrolera destinada a gobernaciones, municipios, universidades y al Tesoro General de la Nación.
Paralelamente, la producción de hidrocarburos líquidos (diésel y gasolina) se ha desplomado en un 62% durante el mismo periodo. Esta situación ha obligado al país a importar una proporción cada vez mayor de combustibles: actualmente, nueve de cada diez litros de diésel y siete de cada diez litros de gasolina que se consumen en el mercado interno son importados, lo que demanda cada vez más divisas..
Esta crisis energética se debe a la insuficiente actividad exploratoria desarrollada en los últimos 20 años, así como a la sobreexplotación de los cuatro megacampos con los que cuenta el país. Esta situación ha limitado la posibilidad de recuperación de Gas Licuado de Petróleo (GLP), que probablemente deberá ser importado a partir de 2026. Además, si no se descubren al menos tres nuevos megacampos, existe un alto riesgo de que Bolivia tenga que importar una parte del gas natural destinado al consumo interno a partir del año 2028.
Según el Balance Energético Nacional 2019–2023, publicado por el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, aproximadamente el 80% del consumo energético en Bolivia proviene de hidrocarburos, principalmente diésel, gas natural y gasolinas. Sin embargo, entre 2015 y 2025, la producción de gas natural ha registrado una caída del 55%, lo que ha reducido considerablemente los volúmenes exportables y, en consecuencia, ha generado una disminución en el ingreso de divisas y en la renta petrolera destinada a gobernaciones, municipios, universidades y al Tesoro General de la Nación.
5. Productividad y Empleo.
Bolivia presenta una de las tasas de desocupación urbana más bajas de Sudamérica. En el primer trimestre de 2024, el desempleo urbano alcanzó el 4,1% de la Población Económicamente Activa (PEA), lo que refleja una recuperación significativa respecto al pico registrado durante la pandemia. Sin embargo, esta aparente fortaleza del mercado laboral oculta una realidad estructuralmente precaria: la informalidad laboral es extremadamente alta, afectando a aproximadamente el 85% de los trabajadores.
Esto significa que, aunque la mayoría de los bolivianos cuenta con alguna ocupación, en su gran mayoría lo hacen sin contrato formal, sin acceso a la seguridad social ni condiciones laborales dignas. Esta informalidad implica una economía caracterizada por el subempleo, bajos ingresos y alta vulnerabilidad laboral, especialmente entre jóvenes y mujeres. De hecho, solo alrededor del 5% de la fuerza laboral cuenta con un empleo plenamente formal con todos los beneficios establecidos por ley.
Las actividades laborales predominantes en el país —como el comercio ambulante, el transporte informal o los servicios de subsistencia— presentan muy baja productividad y escasas posibilidades de crecimiento económico. Esta situación ha limitado el desarrollo de una economía con capacidad de generar empleos de calidad y sostenibles en el tiempo.
A pesar de reiterados compromisos oficiales para transformar la matriz productiva y promover la industrialización, el modelo impulsado en los últimos años ha dependido casi exclusivamente de las empresas estatales. Muchas de estas iniciativas, lejos de dinamizar la economía, han enfrentado serios cuestionamientos por su baja rentabilidad, dependencia de subsidios y gestión poco transparente. No se ha logrado constituir un aparato productivo diversificado que estimule la innovación, el valor agregado ni la formalización del empleo.
6. Inflación.
Durante las últimas décadas, Bolivia mantuvo niveles relativamente bajos de inflación; sin embargo, desde 2024 esta tendencia se ha revertido. Ese año, la inflación anual se situó en torno al 10%, y para abril de 2025 ya se registra una inflación acumulada de 12 meses del 15%, lo que evidencia una aceleración preocupante de los precios.
Este repunte inflacionario responde a múltiples factores estructurales y coyunturales. Entre los principales se encuentra la escasez de dólares en la economía, que ha encarecido los productos importados y de contrabando debido a la creciente brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. A ello se suma el aumento del gasto público, financiado principalmente con deuda interna a través de la emisión monetaria del Banco Central de Bolivia, lo cual ha incrementado la cantidad de dinero en circulación sin respaldo productivo. Finalmente, la limitada oferta nacional de bienes —producto de una baja productividad y un escaso desarrollo industrial— ha generado cuellos de botella que agravan las presiones inflacionarias.
La expansión del gasto público financiado con desahorro y endeudamiento público, tanto interno como externo, podría conducir a desequilibrios macroeconómicos que afecten la estabilidad económica del país. Además, señala que la inflación impacta de manera más significativa a las poblaciones vulnerables, ya que el incremento de precios en alimentos y servicios básicos reduce su poder adquisitivo.
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