Realidades y cuestionamiento frente a las Elecciones Generales 2025
Bolivia atraviesa una profunda crisis de institucionalidad democrática, marcada por la concentración del poder en el Órgano Ejecutivo, lo que debilita gravemente la separación de poderes y socava el Estado de derecho. Esta centralización se refleja en la cooptación del Órgano Legislativo y Electoral, la subordinación de entidades de regulación y la designación arbitraria de autoridades sin criterios meritocráticos. La justicia se encuentra atrapada en una crisis sistémica: con baja independencia, escaso presupuesto, designaciones políticas, hacinamiento penitenciario y alta detención preventiva, todo lo cual erosiona la confianza ciudadana en el sistema judicial. A ello se suman restricciones sistemáticas al ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de prensa, asociación y protesta, con prácticas de vigilancia, criminalización y represión, en contradicción con los principios democráticos y los compromisos internacionales asumidos por el país.
El modelo autonómico y la descentralización territorial, aunque consagrados constitucionalmente desde 2009, no se han implementado plenamente. La falta de un pacto fiscal, el tutelaje del gobierno central, la debilidad institucional de las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) y la creación desordenada de municipios han debilitado la gobernabilidad local. Simultáneamente, la corrupción estructural se ha intensificado, alimentada por marcos normativos inadecuados, ausencia de transparencia y una cultura política clientelar y patrimonialista. La participación ciudadana, a pesar de tener fuerte arraigo social, es cooptada por mecanismos como la Ley 341, que subordinan el control social al poder político. Además, el principio de plurinacionalidad, aunque reconocido formalmente, enfrenta tensiones por su aplicación desigual, el uso partidario del discurso indígena y las limitaciones jurídicas y operativas que afectan la autonomía y la representación efectiva de los pueblos indígenas. En conjunto, estos factores configuran una democracia debilitada, que requiere reformas estructurales profundas para restituir su legitimidad y funcionalidad.
Tomando en cuenta este diagnóstico, identificamos temas relevantes para comprender la problemáticas:
1. Recuperación del Estado de derecho, la institucionalidad democrática, separación e independencia de los órganos del Estado.
Existe una concentración excesiva del poder en el Órgano Ejecutivo, particularmente en la figura presidencial, lo que debilita la separación e independencia de los otros órganos del Estado (Legislativo, Judicial y Electoral). Esta situación se manifiesta en la injerencia directa del Ejecutivo sobre estos órganos, el uso político de la fuerza pública, la designación clientelar de cargos y la falta de mecanismos de control y rendición de cuentas, propiciando corrupción e impunidad.
Las entidades de regulación sectorial han perdido su independencia al subordinarse a los ministerios, priorizando intereses gubernamentales sobre los ciudadanos. Ejemplos son la ASFI, ATT, AAPS, ASSUS, APS, entre otras.
El Órgano Legislativo sufre debilidad institucional al estar controlado por mayorías oficialistas, lo que reduce su capacidad fiscalizadora, la deliberación plural y su legitimidad como espacio representativo.
El Órgano Electoral, por su parte, está fuertemente politizado debido al mecanismo de designación de vocales por parte del Ejecutivo, afectando su independencia operativa y credibilidad ciudadana.
Además, persisten los interinatos en cargos clave como el Contralor General y autoridades de entidades económicas estatales, evitando su institucionalización.
Todo esto ocurre en un contexto de escasa cultura democrática, con prácticas autoritarias, caudillistas y clientelares. La Constitución de 2009 plantea la separación de poderes, pero su aplicación es deficiente por ambigüedades legales y diseños institucionales inadecuados.
Cuando los órganos del Estado se subordinan al Ejecutivo, se pierde el equilibrio de poderes, lo que deriva en un ejercicio autoritario del poder, una democracia de baja calidad y la imposibilidad de que los ciudadanos ejerzan plenamente sus derechos de libertad e igualdad.
2. Reforma integral para mejorar el acceso a una justicia independiente
La experiencia de las tres elecciones judiciales no garantizaron la independencia y separación del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional, agravando más bien la crisis del sistema de administración de justicia y la pérdida de credibilidad ciudadana en sus operadores.
La retardación de justicia en Bolivia es un problema por toda la carga procesal que existe y necesitan soluciones concretas. Se debe pensar en mecanismos que puedan agilizar la administración de justicia.
El presupuesto asignado a la administración de justicia es insuficiente y no logra satisfacer la demanda procesal.
No se conoce cómo se designan a los funcionarios judiciales y si estos son los más capaces para el ejercicio judicial, sin embargo, la experiencia nos ha demostrado que no siempre son seleccionados los mejores profesionales (Caso vocales de Sucre, donde quien calificó en el puesto 17 fue designado vocal y no así el que obtuvo el primer lugar).
La designación de jueces y la forma cómo se gestionan los recursos son los dos aspectos básicos que configuran la base del sistema judicial para garantizar la independencia judicial y la carrera judicial y que si se modifican, implicarán cambios profundos en su funcionamiento y en la protección del estado de derecho.
Las designaciones de magistrados y otras autoridades judiciales, no respetan la meritocracia y en todo caso responden a intereses políticos, principalmente del partido en función de gobierno.
En 2022, el sector justicia en Bolivia recibió Bs. 1.450 millones, solo el 0,48% del presupuesto nacional, con leves incrementos en 2023 para el Órgano Judicial, Fiscalía y Tribunal Constitucional. Esta limitada asignación afecta la cobertura territorial y especializada de la justicia, que alcanza menos del 0,5% de los municipios.
La reforma judicial impulsada desde 2020 no ha avanzado, y la cumbre nacional prevista en 2022 no se realizó. Las elecciones de altas autoridades judiciales previstas para 2023 quedaron incompletas por falta de consensos y barreras estructurales, especialmente para la participación femenina, sin que hasta la fecha ninguna mujer haya ocupado la Fiscalía General.
Aunque el 97% de los jueces y el 48% de los fiscales están institucionalizados, no existen sistemas claros de evaluación ni mecanismos para denunciar injerencias, incumpliendo estándares internacionales de independencia judicial.
A finales de 2023, la población penitenciaria llegó a 28.838 personas, con un hacinamiento del 274% en cárceles diseñadas para 10.521, y más del 62% de los internos en detención preventiva, porcentaje mayor entre mujeres privadas de libertad.
(Con datos del Informe de la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre los Derechos Humanos para el Examen Periódico Universal (EPU) de Bolivia-2024).
3. Nuevo orden territorial y fiscal para el fortalecimiento de las autonomías.
Cinco departamentos aún no cuentan con Estatuto Autonómico y son gobernados por legislativos que no representan proporcionalmente a su población debido a deficiencias en la ley electoral. La vigencia de leyes nacionales pre-autonómicas y la ausencia de legislación básica impiden a las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) ejercer plenamente sus competencias. Además, muchos municipios son inviables por su escasa población, lo que genera altos costos en servicios, baja gestión, rivalidades locales y débil institucionalidad. A pesar de la previsión legal sobre estas limitaciones, no se han implementado políticas correctivas y, por el contrario, se siguen creando nuevos municipios sin planificación.
Los conflictos de límites entre municipios son frecuentes y afectan la provisión de servicios y la seguridad ciudadana. A esto se suma la falta de coordinación en la inversión pública entre niveles de gobierno, agravada por la débil institucionalidad y la inexistencia de normas claras, lo que favorece prácticas clientelares y corrupción.
Las mancomunidades municipales requieren reorientación para integrarse eficazmente al proceso de descentralización. Las áreas metropolitanas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que concentran más del 50% de la población y gran parte del dinamismo nacional, deben tener prioridad en las políticas públicas. En este marco, urge retomar y actualizar la Política Nacional de Ciudades como ley nacional.
El Estado central retiene recursos de las ETAs para financiar programas nacionales, y el Ministerio de Economía interfiere en sus presupuestos, vulnerando su autonomía. Aunque el nuevo régimen autonómico está vigente desde 2009, el pacto fiscal —clave para su implementación— sigue pendiente, agravado por la caída de ingresos autonómicos.
Finalmente, el desconocimiento del régimen autonómico, la falta de capacidades e instrumentos de gestión, y el tutelaje del Estado central impiden que las ETAs ejerzan plenamente sus derechos y competencias constitucionales.
4. Garantías para el ejercicio de derechos y libertades fundamentales (derecho a la protesta, ejercicio efectivo de la libertad de asociación, derecho a defender derechos).
En los últimos años, Bolivia ha experimentado una preocupante restricción estructural al ejercicio de las libertades fundamentales, especialmente en contextos donde personas y organizaciones defienden derechos colectivos como la tierra, el territorio, la libertad de expresión y de asociación. Esta situación no es aislada ni coyuntural, sino que responde a patrones sistemáticos de vigilancia, hostigamiento, criminalización e impunidad que debilitan el espacio cívico y afectan la calidad democrática del país.
El Observatorio de Defensores y Defensoras de UNITAS registró en 2024 un total de 915 vulneraciones a derechos fundamentales y a la institucionalidad democrática, lo que representa un incremento del 19% respecto a 2023. Se documentaron en promedio 2.5 vulneraciones por día, siendo la categoría más afectada la institucionalidad democrática (57%), seguida por la libertad de prensa (17%).
En materia de libertad de prensa y expresión, se reportaron 150 vulneraciones, incluyendo un preocupante aumento en agresiones a periodistas, restricciones al acceso a la información pública y criminalización del ejercicio periodístico, que pasó de 1 a 11 casos en un año.
Las restricciones al derecho a la protesta también se incrementaron un 38% en 2024, con un total de 95 casos, marcados por el uso excesivo de la fuerza y la estigmatización de manifestaciones sociales. Aunque las vulneraciones a la libertad de asociación disminuyeron numéricamente, persisten prácticas graves como la suplantación o paralización de organizaciones por parte de actores estatales, afectando la autonomía de la sociedad civil.
Especial preocupación genera el aumento del 82% en las vulneraciones al derecho a defender derechos humanos, con 93 casos documentados en 2024. De estos, más de la mitad corresponden a criminalización de personas defensoras, especialmente aquellas que protegen el territorio frente a actividades extractivas o avasallamientos.
A pesar de la ratificación del Acuerdo de Escazú en 2019 —que garantiza acceso a la información, participación y justicia ambiental— su implementación es casi nula. Durante el XI Foro Social Panamazónico en junio de 2024, se demandó su efectiva socialización y aplicación.
Los datos del periodo 2022–2024 muestran un deterioro progresivo de las condiciones para ejercer derechos en Bolivia. Este contexto afecta no solo a periodistas y defensores, sino a toda la ciudadanía, debilitando las bases institucionales de la democracia, la participación ciudadana y el control social.
5. Transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información.
La corrupción en Bolivia tiene raíces sociales, políticas y económicas, y se manifiesta a través del abuso de poder y la falta de transparencia. Entre las formas más comunes están el soborno, el uso indebido de fondos públicos, el tráfico de influencias, el nepotismo, la extorsión y la emisión de decisiones ilegales por parte de funcionarios públicos.
Actualmente, la corrupción alcanza niveles sin precedentes. No solo ha causado un enorme daño económico, sino que ha deformado valores en generaciones jóvenes, quienes perciben la corrupción y la impunidad como mecanismos normales de ascenso social. Entre las causas más relevantes se encuentran la confusión entre interés público y privado, un marco legal inadecuado, instituciones ineficientes, la naturalización de prácticas corruptas y la falta de acceso a la información pública.
El ocultamiento de información por parte del Estado agrava esta situación. La información pública —que pertenece a la ciudadanía— es sistemáticamente negada, lo que impide el control social, la participación en políticas públicas y el ejercicio del derecho a saber qué hacen las autoridades. Este déficit democrático limita el ejercicio de los derechos políticos y la fiscalización ciudadana.
Los casos emblemáticos de corrupción reflejan la profundidad del problema. Algunos hijos de autoridades actuales, con fortunas de origen dudoso, ocupan cargos públicos. Un expresidente de la Cámara de Diputados fue acusado de contrabando y corrupción. Una exministra implicada en el caso del Fondo Indígena, tiene registradas 174 propiedades. Un diputado confesó haber acumulado millones con el contrabando de vehículos.
En el escandaloso caso de la empresa CATLER, vinculada a la entonces pareja del presidente, se adjudicaron contratos públicos por más de 500 millones de dólares. El Fondo Indígena desvió cerca de 200 millones de dólares a cuentas personales y proyectos inexistentes. Marco Antonio Aramayo, quien denunció esta corrupción, murió en prisión tras más de 200 procesos sin sentencia.
También se han perdido más de 715 millones de dólares en litigios internacionales por mala defensa jurídica del Estado, como en el caso Quiborax, donde Bolivia terminó pagando diez veces más de lo inicialmente demandado. Asimismo, se han invertido enormes recursos públicos en obras sin utilidad como el aeropuerto de Chimoré, el museo de Orinoca o la sede de Unasur.
El marco normativo para combatir la corrupción y garantizar el acceso a la información es disperso y obsoleto. Aunque existen leyes y decretos relacionados, no hay una ley específica que garantice el acceso a la información conforme a los estándares de derechos humanos. Pese a que se presentaron al menos diez propuestas de ley desde 2002, ninguna fue aprobada. En 2023, una nueva propuesta elaborada por sociedad civil, periodistas y la Defensoría del Pueblo fue presentada como el Proyecto de Ley 160/2023-2024 CS, siguiendo el modelo interamericano, y actualmente está en revisión en el Senado.
6. Mecanismos efectivos de control y participación social en los diferentes ámbitos y niveles de la administración pública.
La corrupción generalizada en Bolivia está profundamente ligada a la debilidad y corrupción interna de los mecanismos de control institucional. Un claro ejemplo es el manejo de recursos públicos para obras, que suelen comenzar con sobreprecios y sin un control técnico y económico riguroso. En muchos casos, las obras aprobadas no son las mejores ni las más necesarias, sino aquellas que cuentan con padrinazgos o que han pagado su “cuota”. Durante todo el proceso constructivo, no existe un control social real y efectivo; los controles que sí se realizan son realizados por personas designadas por las autoridades de turno, sin representar verdaderamente a la sociedad.
En una democracia como la boliviana, caracterizada por la concentración del poder y la fragilidad institucional, el control social ciudadano es fundamental para vigilar el ejercicio del poder y proteger el bien común. El control social asegura que la administración pública actúe en interés de la ciudadanía y no en función de arbitrariedades, clientelismos o impunidad. Sin mecanismos efectivos de fiscalización social, el poder se cierra sobre sí mismo y evade la rendición de cuentas.
Es esencial que este control social funcione sin tutelas ni influencias gubernamentales. Sin embargo, cuando las organizaciones encargadas de fiscalizar dependen del mismo poder al que deben controlar, como ha sucedido con la Ley 341 de Participación y Control Social, se viola el principio republicano de separación entre gobernantes y fiscalizadores. Esta ley, en lugar de fortalecer la democracia, ha servido para cooptar organizaciones sociales, subordinarlas al partido de gobierno y silenciar la crítica. El resultado es un control social de fachada que legitima decisiones estatales sin cuestionarlas.
Se necesita una revisión profunda y crítica de la Ley 341 para restaurar el control social auténtico, que debe ser plural, autónomo y descentralizado, con garantías para la independencia ciudadana, representación diversa y protección contra represalias.
La sociedad civil boliviana mantiene un fuerte arraigo en la participación colectiva, que se manifiesta en variadas formas de organización social, altos índices de participación electoral, movilizaciones por derechos y uso de herramientas de participación y control social. Líderes sociales capacitados y comprometidos asumen funciones públicas con sensibilidad social y apertura a la participación.
Además, ha habido un aumento notable de la participación política de mujeres, sobre todo en las Asambleas Legislativas y organizaciones sociales. No obstante, persisten desafíos importantes, como la cooptación e instrumentalización de dirigencias y organizaciones sociales con fines político-partidarios, alejándose de sus bases. También existe una tensión permanente entre actores sociales territoriales y sectoriales, debido a diferencias en la interpretación y aplicación de leyes previas y actuales, lo que genera divisiones y debilita la acción colectiva.
Muchas autoridades públicas no han asumido plenamente la Gestión Pública Participativa y Transparente, a pesar de las exigencias legales y la legitimidad del voto ciudadano. En algunos casos, las políticas públicas se diseñan sólo con los sectores afines al oficialismo. La corrupción persiste en varias instancias públicas, al igual que la mentalidad centralista tanto de gobernantes como gobernados, que dificulta la implementación efectiva de un régimen autonómico en niveles subnacionales.
7. Plurinacionalidad.
Consagrada en la Constitución Política de Bolivia, reconoce la existencia de diversas naciones y pueblos indígenas dentro del Estado, desafiando la idea tradicional de una nación homogénea. Este principio plantea un Estado unitario pero múltiple, donde coexisten distintas formas de organización política, cultural y social, principalmente representadas por comunidades indígenas. La plurinacionalidad garantiza la representación política indígena y derechos colectivos como la autonomía, preservación de lenguas y costumbres, consulta previa en proyectos que afectan sus territorios y participación en la toma de decisiones, reconociendo así la diversidad y dignidad igualitaria de todas las naciones y pueblos del país.
Sin embargo, existe la percepción de que la plurinacionalidad puede ser discriminatoria para quienes no pertenecen a los pueblos indígenas, generando una dualidad en la ciudadanía y posiblemente fracturando la sociedad en lugar de promover inclusión. Además, su uso retórico con fines político-partidarios ha desvirtuado su esencia, evidenciado en hechos como la represión a movilizaciones indígenas en Chaparina y Takovo Mora.
En cuanto a la representación política, el pueblo guaraní del Chaco chuquisaqueño ha sido excluido de contar con un diputado indígena, y la Cámara de Diputados niega a los representantes indígenas minoritarios la conformación de bancadas propias, así como recursos para impulsar iniciativas. La ley electoral limita además la participación política directa de las organizaciones indígenas, forzándolas a alinearse con partidos políticos para obtener representación.
Respecto a sus instituciones, la Ley de Deslinde Jurisdiccional restringe la capacidad de los pueblos indígenas para administrar justicia interna, mientras que la llamada “justicia comunitaria” a menudo es usada por grupos con intereses particulares. Finalmente, las autonomías indígenas enfrentan limitaciones debido a la falta de recursos, normativas rígidas y una burocracia centralizadora que impide el desarrollo de políticas públicas adaptadas a sus identidades culturales y necesidades propias.
En votoclaro.org accedes a información clara, confiable y sin sesgos sobre los temas clave del país y las candidaturas.