Eje estructural social

• Pobreza. En Bolivia, el 36,5% de la población vive en situación de pobreza moderada por ingresos, y el 11,9% en pobreza extrema, con mayor incidencia en zonas rurales, mujeres y jóvenes. Estas cifras reflejan condiciones estructurales que limitan el desarrollo humano y se reproducen inter-generacionalmente debido a brechas en el acceso a servicios esenciales (Instituto Nacional de Estadística [INE], 2023).

• Informalidad. El 85% de la población ocupada se encuentra en situación de informalidad, sin acceso a seguridad social ni derechos laborales, lo que perpetúa la precariedad y debilita la sostenibilidad fiscal del país (Organización Internacional del Trabajo [OIT] & INE, 2023).

• Trabajo infantil. Según cifras del INE y la OIT, más de 700.000 niños y adolescentes estarían trabajando actualmente. Aproximadamente el 69,34% de los niños trabajadores se encuentran en áreas rurales.

• Urbanización desordenada y desigualdad en ciudades. La urbanización desordenada ha generado desigualdad en el acceso a servicios, exclusión territorial y vulneración del derecho a la ciudad (Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos [ONU-Hábitat], 2022).

• Exclusión estructural.
  • Grupos como mujeres, jóvenes, intergeneracional, pueblos indígenas, en especial de tierras bajas, personas LGBTIQ+ y personas con discapacidad enfrentan exclusión sistemática. 
  • Las políticas carecen de enfoque interseccional. Hay baja representación en espacios de decisión y altos niveles de discriminación.
  • El informe de la Encuesta de personas LGBTIQ+ (INE, 2023) evidencia las brechas en cuanto a empleo, salud y educación que la población diversa enfrenta en Bolivia, fruto de la discriminación estructural. 

La verdadera inclusión implica garantizar condiciones de dignidad y oportunidad para todos, sin privilegios ni exclusiones por origen, etnia o clase social. Si bien en Bolivia se avanzó en la visibilización de grupos históricamente marginados, también emergen percepciones de nuevas desigualdades hacia sectores medios no indígenas. La inclusión no se logra reemplazando una hegemonía por otra, sino construyendo un país con equidad estructural. Una clase media fortalecida es clave para la cohesión social, la estabilidad democrática y el desarrollo económico sostenible.

• Feminicidios. Bolivia presenta una de las tasas más altas de feminicidio en América Latina, con 1.5 por cada 100.000 mujeres, acumulando 1.076 feminicidios entre 2013 y 2023 (Coordinadora de la Mujer, 2023).

• Violencia contra la mujer. Según UNICEF (2024), 7,5 de cada 10 mujeres bolivianas han sufrido algún tipo de violencia en su vida, mientras que más de 100 mujeres son asesinadas por año por razones de género. En todas las tipificaciones de los delitos contemplados, la mayoría de las víctimas son mujeres. Se pudo observar que los porcentajes más altos de denuncias son por violación (96,32%), estupro (97,03%) y acoso sexual (97,80%). (Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas, 2024). La violencia contra las mujeres en el país en 2025 sigue siendo una crisis estructural y persistente. A pesar de la existencia de la Ley N° 348 y de una ligera disminución en los feminicidios, las cifras de violencia física, psicológica, sexual, principalmente en el grupo de 18 a 29 años. 
• Violencia contra la niñez. Entre 2023 y 2024 se registró un incremento de víctimas del 52% (38 casos). La mayor parte de los infantes tenían entre 0 a 5 años (Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas, 2024). En 2024, se registraron 2.696 casos de violación y 805 denuncias de abuso sexual, según la Fiscalía General del Estado y la Defensoría del Pueblo. Aunque no se dispone de cifras oficiales sobre la cantidad de niños abandonados en orfanatos en 2024, muchos menores enfrentan serias dificultades para ser reintegrados a hogares que les den estabilidad emocional, física y material. En esta parte cabe mencionar que los trámites de adopción responsable son largos, burocráticos. Los casos de pornografía infantil con víctimas femeninas crecieron un 28,7% en los últimos cuatro años, especialmente en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. (Ipas, 2025)
• Violencia contra los adultos mayores. El 17% de los adultos mayores sufre maltrato físico, el 32% maltrato psicológico y el 49% declara sentirse solo con frecuencia, en parte por el abandono familiar ligado a migración (CEB, 2023).
• Violencia contra personas LGBTIQ+, personas con diversa orientación sexual e identidad de género. El Estado no tiene registro oficial de violencia y asesinatos cometidos contra personas LGBTIQ+, las organizaciones mencionan más de 80 asesinatos, y solo 2 sentencias. Estos casos se caracterizan por ser extremadamente violentos (Observatorio LGBT). La Defensoría del Pueblo y el Observatorio LGBT muestran en sus datos que el principal derecho vulnerado es el acceso a la justicia (estos datos se repiten al menos en tres gestiones), por la discriminación que también se enfrenta en el mismo. La violencia contra personas LGBTIQ+ y la falta de generación de datos oficiales por las instancias de justicia reflejan un problema de discriminación estructural y patrones basados en estereotipos que no se deben invisibilizar. 

• Otras formas de violencia. Existen múltiples formas de violencia (institucional, acoso y violencia política, sexual) sostenidas por un sistema patriarcal y la impunidad. Impacta negativamente en la democracia y en la salud mental de las mujeres.

• Calidad educativa baja. Solo el 33% de estudiantes de sexto de secundaria logra aprobar lectura y menos del 3% aprueba ciencias y matemáticas, lo que evidencia una profunda crisis educativa (Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa, 2024).
  • Desigualdades estructurales en el acceso a la educación. 
  • Persisten brechas de acceso entre áreas urbanas y rurales, así como en conectividad digital.
  • Existe una profunda desigualdad urbano-rural y digital.
  • Una educación superior desconectada de las necesidades sociales y el mercado laboral.
  • Estas desigualdades limitan el acceso equitativo a oportunidades educativas, reproduciendo ciclos de exclusión social y económica, especialmente en poblaciones rurales y de bajos recursos.

• Desarticulación entre educación y desarrollo nacional. La educación superior sigue desvinculada de las necesidades sociales y productivas y el mercado laboral del país (UNESCO, 2022).

• Pérdida de talento humano lo que conlleva baja productividad y competitividad. La falta de alineación entre el sistema educativo y el aparato productivo afecta la empleabilidad de los jóvenes, frena la innovación y limita el desarrollo económico.

• Déficit en formación cívica y valores democráticos. La falta de formación en valores cívicos y democráticos ha debilitado el desarrollo de una ciudadanía crítica y comprometida.

• Vulnerabilidad al enfoque de DDHH (formación en valores, lo que conlleva a un semillero de la corrupción). La ausencia de una educación integral en derechos humanos, ética pública y ciudadanía activa socava la cultura democrática y fomenta comportamientos corruptos.

• Contenido educativo ideologizado. Educación adoctrinante y de reivindicación social. El uso del sistema educativo como vehículo de ideologización compromete la objetividad del conocimiento y limita la formación crítica e inclusiva.

• Brechas de inequidad en el acceso y conclusión de la educación regular y universitaria.
  • 42 de cada 100 estudiantes enfrentan algún tipo de interrupción en el tránsito de la educación regular.
  • 81% de adolescentes en edad de cursar la educación secundaria, finaliza sus estudios en ese nivel educativo.
  • 67,2% de estudiantes de familias de menores ingresos concluyen la secundaria.
  • Por 1 adolescente no indígena, hay 2 indígenas que no terminan la secundaria.
  • 66% de los y las estudiantes de los departamentos de Potosí, Beni, Chuquisaca y Pando, no logran transitar oportunamente su educación regular.

El bajo desempeño escolar es alarmante en estudiantes indígenas, pobres y de áreas rurales. 91% de personas entre 18 y 22 años de edad de áreas urbanas estaban matriculadas en universidades, y solo el 20% en áreas rurales (2022).

• Solo el 29,4% de la población boliviana accede a algún régimen de seguridad social, dejando al resto dependiendo de un sistema público fragmentado, con baja cobertura en zonas rurales y limitaciones en equipamiento, infraestructura y personal (INE, 2023).

• El Sistema Único de Salud (SUS) no cumple aún con estándares de calidad, especialmente en salud mental, salud sexual y reproductiva, ni en cobertura preventiva comunitaria (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2023).

• Falta de atención en salud mental, salud sexual y reproductiva, y un enfoque preventivo y comunitario. La demanda de atención en salud mental ha aumentado significativamente, solo en La Paz, entre la Unidad de Salud Mental del Hospital de Clínicas y el Hospital San Juan de Dios, se atendieron en promedio 1200 casos ambulatorios al mes (Acces, 2023). En la presente gestión, la salud mental enfrenta una crisis de atención, en cuanto a la infraestructura, el personal, y el presupuesto son insuficientes. La ausencia de una política nacional efectiva y de legislación específica agrava la situación, mientras la sociedad sigue enfrentando altos niveles de estrés, ansiedad y depresión, especialmente entre jóvenes y mujeres.

• Desempleo y precariedad laboral juvenil. Aunque la tasa de desempleo juvenil disminuyó de 14% en 2020 a 5,9% en 2024 (7,4% en mujeres y 4,5% en varones), persisten condiciones de empleo precario, sin seguridad social ni perspectivas de desarrollo profesional. La baja calidad del empleo juvenil limita la autonomía económica y el aprovechamiento del bono demográfico.

• Abandono escolar y brechas educativas. La deserción escolar continúa siendo alta, especialmente entre adolescentes varones que deben trabajar para sostener a sus familias. Esta situación se acentúa en zonas rurales y sectores urbanos empobrecidos, donde las oportunidades educativas son limitadas y de baja calidad.

• Migración juvenil y fuga de talentos. La falta de oportunidades laborales y educativas impulsa a miles de jóvenes a migrar al exterior, generando pérdida de capital humano y reduciendo el potencial innovador y productivo del país. Esta migración revela la desconexión entre las aspiraciones juveniles y las condiciones estructurales del país. (Fita, 2025; Los Tiempos, 2023)

• Baja participación política y representación. A pesar de que las y los jóvenes representan el 31% del padrón electoral y el 54% de votantes son menores de 40 años, su presencia en espacios de toma de decisiones es mínima. Las estructuras políticas siguen siendo adulto-céntricas y con barreras formales e informales que dificultan la inclusión juvenil.